Las Venas Abiertas De América Latina

Nuestras burguesías no fueron capaces de un desarrollo económico independiente y sus tentativas de creación de una industria nacional tuvieron vuelo de gallina, vuelo corto y bajito. A lo largo de nuestro proceso histórico, los dueños del poder han dado, también, sobradas pruebas de su falta de imaginación política y de su esterilidad cultural. En cambio, han sabido montar una gigantesca maquinaria del miedo y han hecho aportes propios a la técnica del exterminio de las personas y las ideas. Es reveladora en este sentido, la experiencia reciente de los países del río de la Plata.

“La tarea de desinfección nos llevará mucho tiempo”, advirtieron de entrada los militares argentinos. Las fuerzas armadas fueron convocadas sucesivamente por las clases dominantes de Uruguay y Argentina para aplastar a las fuerzas del cambio, arrancar sus raíces, perpetuar el orden interno de privilegios y generar condiciones económicas y políticas seductoras para el capital extranjero: tierra arrasada, país en orden, trabajadores mansos y baratos. No hay nada más ordenado que un cementerio. La población se convirtió de inmediato en el enemigo interior. Cualquier signo de vida, protesta o mera duda, constituye un peligroso desafío desde el punto de vista de la doctrina militar de la seguridad nacional.

Se han articulado, pues, complejos mecanismos de prevención y castigo.

Una profunda racionalidad se esconde por debajo de las apariencias. Para operar con eficacia, la represión debe parecer arbitraria. Excepto la respiración, toda actividad humana puede constituir un delito. En Uruguay la tortura se aplica como sistema habitual de interrogatorio: cualquiera puede ser su víctima, y no sólo los sospechosos y los culpables de actos de oposición. De esta manera se difunde el pánico de la tortura entre todos los ciudadanos, como un gas paralizante que invade cada casa y se mete en el alma de cada ciudadano.

En Chile, la cacería dejó un saldo de treinta mil muertos, pero en Argentina no se fusila: se secuestra. Las víctimas desaparecen. Los invisibles ejércitos de la noche realizan la tarea. No hay cadáveres, no hay responsables. Así la matanza -siempre oficiosa, nunca oficial- se realiza con mayor impunidad, y así se irradia con mayor potencia la angustia colectiva. Nadie rinde cuentas, nadie brinda explicaciones. Cada crimen es una dolorosa incertidumbre para los seres cercanos a la víctima y también una advertencia para todos los demás. El terrorismo de estado se propone paralizar a la población por el miedo.

Para obtener trabajo o conservarlo, en Uruguay, es preciso contar con el visto bueno de los militares. En un país donde tan difícil resulta conseguir empleo fuera de los cuarteles y las comisarías, esta obligación no sólo sirve para empujar al éxodo a buena parte de los trescientos mil ciudadanos fichados como izquierdistas. También es útil para amenazar a los restantes. Los diarios de Montevideo suelen publicar arrepentimientos públicos y declaraciones de ciudadanos que se golpean el pecho por si acaso: “Nunca he sido, no soy, ni seré…”.

En Argentina ya no es necesario prohibir ningún libro por decreto. El nuevo Código Penal sanciona, como siempre, al escritor y al editor de un libro que se considere subversivo. Pero además castiga al impresor, para que nadie se atreva a imprimir un texto simplemente dudoso, y también al distribuidor y al librero, para que nadie se atreva a venderlo, y por si fuera poco castiga al lector, para que nadie se atreva a leerlo y mucho menos a guardarlo. El consumidor de un libro recibe as! el trato que las leyes reservan al consumidor de drogas [95]. En el proyecto de una sociedad de sordomudos, cada ciudadano debía convertirse en su propio Torquemada.

En Uruguay, no delatar al prójimo es un delito. Al ingresar a la Universidad, los estudiantes juran por escrito que denunciarán a todo aquel que realice, en el ámbito universitario, “cualquier actividad ajena a las funciones de estudio”. El estudiante se hace co-responsable de cualquier episodio que ocurra en su presencia. En el proyecto de una sociedad de sonámbulas, cada ciudadano debe ser el policía de sí mismo y de los demás. Sin embargo, el sistema, con toda razón, desconfía. Suman cien mil los policial y los soldados en Uruguay, pero también suman cien mil los informantes. Los espías trabajan en las calles y en los cafés y en los ómnibus, en las fábricas y los liceos, en las oficinas y en la Universidad. Quien se queja en voz alta porque está tan cara y dura la vida, va a parar a la cárceclass="underline" ha cometido un “atentado contra la fuerza moral de las Fuerzas Armadas”, que se paga con tres a seis años de prisión.